Reivindicar el valor de la honradez no alcanza. Si todo fuera apelar a la ética, la moral, la solidaridad, el patriotismo o lo que fuere, no habría que pensar instituciones sino dedicarse a predicar. Porque si bien el marco institucional informal es muy importante, también el formal. Para verlo en casos de corrupción, probada o posible como los de actualidad, se aplicará un poco de análisis económico.
La conducta depende de incentivos. Cada persona tiene su idea de bienestar y la economía supone que intenta maximizarlo dadas sus restricciones. Los caminos dependen, entre otras cosas, de la evaluación de precios. Que no son sólo monetarios, aunque con ellos es más fácil verlo. Por ejemplo, cuánto bienestar se consigue por peso gastado en un bien comparado con cuánto se alcanzaría comprando otro. Barato o caro no trata de precios nominales sino de subjetividad. Accesible o no es otra pregunta, aunque relacionada. Lo mismo vale para las normas y las situaciones que generan precios implícitos o no monetarios.
Eso se aplica a la corrupción. Por ejemplo, parte de su atractivo se debe a la temporalidad. Un funcionario piensa en la maximización de su idea de bienestar, que podría incluir o no el de los ciudadanos. Cómo alcanzarlo es otra discusión, pero no depende de la voluntad sino de la técnica. Las mejores intenciones pueden fracasar si se usan herramientas inadecuadas. Entonces, un gobernante encuentra en el ejercicio del poder su camino para maximizar su bienestar, pero la continuidad de tal maximización depende de las próximas elecciones. En la comparación, un robo es presente y concreto, las elecciones, algo futuro e incierto. Ya que no se puede estar adelantando elecciones ni asegurando resultados, lo posible es bajar la certeza del botín de la deshonestidad. Para ello destacan algunas líneas de trabajo.
Primera, el tamaño del Estado. Hay tentaciones debidas al peso de la decisión del funcionario sobre el ingreso de los ciudadanos. Cuanto más dependa de las medidas oficiales, más esfuerzos se harán por lograr el favor del gobernante. Esto se combina con que cuanto mayor el gasto estatal (tamaño del botín) más se pensará en quedarse una parte. Y además influye la cantidad de trámites necesarios: cuantas más incumbencias tenga el Estado, más reparticiones, más papeles, más parcialización de números, más fácil resulta disfrazar desvíos. El tamaño del Estado juega en contra de la honestidad porque tienta al acecho privado y a la diversificación del botín.
El punto burocrático se relaciona con otra línea de trabajo, la transparencia. Cuanto más expuestos estén los gobernantes, más difícil es que roben. El control ciudadano, directo o vía ONG o periodistas, es una alerta temprana que complementa mecanismos formales, como las auditorías, ineficientes cuando el Estado es elefantiásico. El Estado nacional es tan grande que la AGN puede cubrir una pequeña fracción de su estructura por vez y sus informes, tardíos, suelen ser poco atendidos por el Congreso, al que reporta. Además, como la Auditoría debe ser conducida por la oposición, puede haber conflicto de intereses cuando el organismo a auditar no integre la administración central sino que tenga autonomía y su conducción también sea opositora (como la UBA).
Una tercera línea es el castigo judicial. Para la Constitución un corrupto equivale a un golpista (artículo 36), pero las penas concretas no lucen pesadas (y se puede quedar libre con cursos estilo tocar el ukelele –recuérdese a Amado Boudou-) y la Justicia es lenta (la sentencia firme por la causa “Vialidad” llegó 17 años después de la denuncia). El delito surge de evaluar su beneficio contra el castigo probable, que es una combinación entre severidad y grado de certeza. Si la pena es leve y la probabilidad de captura y sentencia es baja el delito es atractivo.
Un aparte: los abogados de Cristina Fernández aducen que para recuperar lo mal habido no pueden decomisarse bienes adquiridos antes de los delitos. Pero eso no tiene sentido económico, porque incentivaría a gastar el botín lo antes posible así en caso de sentencia en contra no haya qué devolver. El delincuente habrá disfrutado del resultado del delito y el daño al Estado quedará sin reparación. Tal vez si no hubiera resarcimiento habría que aumentar los años de detención para disuadir de copiar la conducta.
En cuanto al castigo político el principal obstáculo es el extravío de ciudadanos y dirigentes que hasta consienten la corrupción de los propios en nombre de supuestos logros, como si ella fuera condición necesaria para los derechos humanos o la estabilidad económica cuando la honestidad es una precondición del buen gobierno.
Las anteriores son líneas más o menos directas. Las hay indirectas, como los límites a las reelecciones en cargos ejecutivos. No se niega la democracia sino que se reconoce la debilidad humana incluyendo las tentaciones de abuso de poder y corrupción. Otro aparte, ahora para la UNT: cuando se cambia una norma que incluye medidas prudenciales respetarlas si se mantienen no es legislar hacia atrás sino preservar el sentido de la legislación. En este aspecto, si el nuevo Estatuto de la UNT, repitiendo la restricción anterior, establece un máximo de ocho años consecutivos en el Rectorado es contradictorio habilitar para alguien 16 años sólo porque cambiaron normas no relacionadas. Si todo valiera desde cero cualquiera impulsaría periódicamente modificaciones menores al Estatuto para permanecer a perpetuidad.
Por supuesto que la resistencia a caer en la tentación depende del umbral moral individual y siempre hay una apuesta personal en confianza porque nunca hay certeza sobre las decisiones futuras de un gobernante. Pero lo mejor es no construir sobre la confianza ciega. Las personas no cambian su función de bienestar según dónde estén sino que varían las restricciones para maximizarla según actúen en el campo privado o en el gobierno. Aunque los ciudadanos voten por quienes aparenten tener una combinación aceptable de ideas, capacidad y honestidad, mejor si no se pone a prueba su moralidad.